¿ qué tiene que decir el GOBIERNO ?
"A nadie beneficia y a todos perjudica mantener en la marginación y en la exclusión social y financiera a familias enteras que nunca podrán pagar sus deudas hipotecarias pendientes", ha dicho esta semana la defensora del Pueblo, María Luisa Llano Cavada.
El juez considera que la aplicación automática de la regulación de la ejecución hipotecaria desconociendo la situación actual de crisis económica excepcional conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, la entidad financiera, causante de dicha situación al haber valorado el bien objetivo de garantía especulativamente o de manera irreal. Y que el procedimiento de ejecución hipotecaria le permite adquirirlo por un precio irrisorio y seguir exigiendo cantidades que rozan el importe del préstamo. "De permitirse esto se estaría amparando una operación... que no difiere mucho de la usura, proscrita por nuestro ordenamiento desde 1908".
El auto es recurrible en 20 días. Hace poco, el abobado de Alcalá de Henares ha perdido otro caso similar, también contra Bankia, en el que el cliente, tras pagar cuatro años, se queda sin piso, y una deuda similar a la hipoteca que le dieron más 73.000 euros en gastos: costas, intereses. "No podrá pagarlo nunca, cuando el objetivo final de las ejecuciones judiciales o hipotecarias es terminar la deuda y no eternizarlas", se lamenta el abogado.
